- La propuesta contempla excepciones médicas y prevé un reglamento interno para su aplicación en edificios municipales.
- Presentarán además otra moción contra la regularización extraordinaria y sobre inmigración irregular.
La gestión cotidiana de los servicios municipales —desde trámites con datos personales hasta la atención al público— vuelve a situar el foco en cómo se regula el acceso a dependencias públicas y qué límites se fijan en nombre de la seguridad y la convivencia. En ese contexto, el Grupo Municipal VOX en Alcalá de Henares ha anunciado que presentará dos mociones en el Pleno previsto para el 17 de febrero.
La primera moción plantea regular el acceso a las dependencias municipales cuando una persona lleve prendas que oculten total o parcialmente el rostro, citando expresamente el niqab o el burka. Según la concejal de VOX, Pilar Cruz, “las dependencias municipales son espacios donde se gestionan datos personales, se presta atención directa al público y se garantiza la seguridad de empleados y usuarios. Por ello, es imprescindible poder verificar la identidad de quienes acceden a estos servicios. Esta medida no limita la libertad religiosa, sino que asegura el correcto funcionamiento de los servicios públicos y protege a todos los vecinos.”
De acuerdo con el contenido difundido por el grupo, la medida se aplicaría de forma general, sin diferenciar el origen de la persona ni el motivo o el significado de la prenda. La propuesta incluye excepciones por motivos médicos, de salud pública o por exigencias de seguridad laboral, y prevé que sean los servicios jurídicos municipales quienes elaboren un reglamento interno para su aplicación, además de impulsar su publicidad en los accesos y canales municipales.
Aunque el debate sobre el velo integral se ha abordado en distintos ámbitos en España y Europa —con enfoques que suelen confrontar libertad religiosa, igualdad, seguridad e identificación—, la moción de VOX acota su planteamiento al acceso a edificios municipales y a la verificación de identidad en la prestación de servicios. En términos prácticos, el texto pretende fijar un criterio único de entrada y permanencia, con un régimen de excepciones limitado.
La inmigración y la regularización extraordinaria, eje de la segunda propuesta presentada
La segunda moción anunciada se centra en inmigración y en la oposición de VOX a una regularización extraordinaria de personas en situación irregular. El portavoz municipal, Víctor Acosta, sostiene que “mientras los españoles enfrentan una profunda emergencia social y económica, con altos niveles de desempleo, dificultades para acceder a una vivienda y saturación de los servicios públicos, el Gobierno continúa promoviendo políticas que priorizan la inmigración irregular sobre quienes cumplen la ley. Esta moción defiende la legalidad, la seguridad y el bienestar de todos los vecinos de Alcalá de Henares.”
En su argumentario, VOX vincula las regularizaciones masivas con un “efecto llamada”, un aumento de presión sobre servicios públicos esenciales y un empeoramiento de la convivencia. También rechaza que la inmigración masiva sea una garantía de sostenibilidad del sistema de pensiones y afirma que su impacto económico y social suele ser negativo para quienes “cumplen la ley”, según expone en el texto difundido.
Entre las medidas que el grupo dice proponer figuran la repatriación de inmigrantes en situación irregular, la prioridad nacional en el acceso a ayudas y servicios públicos, la eliminación de subvenciones a entidades que, según VOX, faciliten la inmigración irregular, y el endurecimiento de sanciones contra las mafias vinculadas a estas llegadas.
El anuncio sitúa ambas mociones dentro de un marco común de seguridad, legalidad y gestión de recursos públicos. En el mismo comunicado, VOX resume su posición señalando que las dos iniciativas buscan “garantizar la seguridad y la legalidad en la ciudad, proteger a los vecinos y asegurar el correcto funcionamiento de los servicios municipales”, y añade que estas medidas “son necesarias para mantener la convivencia, preservar los derechos de los ciudadanos y asegurar que los recursos públicos se gestionen de manera eficaz y prioritaria para quienes cumplen la ley”, concluía Acosta.
