- Las conclusiones de la comisión apuntan a vínculos personales entre proveedores municipales y concejalas socialistas durante el anterior mandato.
- PP y VOX sostienen que no consta abstención en decisiones de gasto analizadas y trasladan sus valoraciones políticas tras meses de investigación.
La comisión municipal que revisa la contratación y los pagos realizados durante el anterior mandato en Alcalá de Henares encara este lunes, 9 de febrero de 2026, una jornada clave. Según han trasladado VOX y el Partido Popular, en la sesión de hoy se exponen las conclusiones del trabajo desarrollado durante los últimos meses, centrado en la relación entre decisiones de gasto del Ayuntamiento y empresas con vínculos personales o familiares con dos concejalas del PSOE.
VOX asegura que las conclusiones provisionales de la comisión “señalan presuntas responsabilidades administrativas y posibles indicios penales” que afectarían a las concejalas socialistas Blanca Ibarra y Patricia Sánchez. El grupo municipal sostiene que la investigación se impulsó tras detectarse “posibles irregularidades” en la adjudicación de contratos a familiares directos de ambas ediles y critica que, a su juicio, no se hayan ofrecido “explicaciones y comparecencias claras” por parte de las implicadas.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Víctor Acosta, afirma que “vemos responsabilidades claras tanto en Ibarra como en Sánchez, derivadas del trabajo realizado en la comisión de investigación”. En la misma línea, añade que las conclusiones recogen “responsabilidades administrativas y también indicios en la comisión de presuntos delitos, que deberán ser valorados por las instancias correspondientes”.
El PP, por su parte, describe un contenido más detallado de las conclusiones y pone el foco en la trazabilidad administrativa de los pagos analizados. Según el partido, la comisión constata “pagos a empresas vinculadas a concejalas del PSOE con su presencia en los órganos de contratación” y remarca que “no consta abstención ni advertencia formal de conflicto de intereses” en decisiones aprobadas tanto en la Junta de Gobierno Local como en el Pleno.
En su comunicado, el PP sitúa el análisis en el periodo 2019-2023 y sostiene que se han revisado expedientes completos de gasto, actas de órganos colegiados, certificaciones de Intervención Municipal, registros mercantiles y declaraciones de personal técnico y municipal. El texto añade que, con esa documentación, la comisión habría identificado una “cadena continuada de contratos menores” hacia empresas vinculadas “durante todo el mandato del PSOE”, sin que se reflejen “mecanismos adicionales de control” ante la reiteración.
En el primero de los bloques descritos por el PP, se señala un vínculo familiar de primer grado entre una concejala del PSOE y la administradora única de una empresa proveedora del Ayuntamiento. Según esa versión, entre 2019 y 2023 el Consistorio abonó once facturas a la mercantil por un importe total “superior a 5.200 euros”, relacionados con “inserciones publicitarias y suministros”.
Siempre según el PP, la concejala vinculada asistió a siete sesiones de la Junta de Gobierno Local y del Pleno en las que se aprobaron propuestas de autorización, disposición, obligación y pago a favor de esa empresa, “participando con voto favorable”, sin que conste abstención ni declaración expresa de conflicto de intereses en los expedientes. El mismo comunicado precisa que diez de las once facturas se aprobaron en Junta de Gobierno Local y una mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito en Pleno.
El segundo bloque alude a una empresa administrada por la pareja de otra concejala socialista, con servicios prestados tanto al Ayuntamiento como al ente público Alcalá Desarrollo. El PP cuantifica en 33.480,38 euros el total abonado entre 2019 y 2023, mediante “contratos menores sucesivos y encadenados”. En este punto, el partido añade que la edil habría participado en la conformidad de determinadas facturas y asistido, como miembro o invitada, a sesiones de Junta de Gobierno Local en las que se aprobaron pagos a la empresa.
Además de la relación entre proveedores y vínculos personales, el PP pone el acento en el procedimiento utilizado. El comunicado sostiene que los contratos analizados se tramitaron como menores, con conceptos similares y por anualidades, sin que se activaran cautelas reforzadas pese a la reiteración, y señala que los controles aplicados fueron “exclusivamente formales”. También apunta a que, en algunos casos, el personal técnico “no disponía de conocimiento completo” sobre los vínculos personales, situando la responsabilidad en el plano “político y decisorio”.
La primera teniente de alcaldesa y presidenta de la comisión, Isabel Ruiz Maldonado, vincula las conclusiones a una valoración política del periodo investigado. “Las conclusiones de la Comisión no describen un error puntual, sino una forma de gobernar que normalizó situaciones de conflicto y diluyó los límites entre lo público y lo personal”, afirma. Y añade: “No estamos ante titulares ni debates partidistas, sino ante documentación oficial del propio Ayuntamiento: facturas, actas, certificados y declaraciones técnicas que acreditan lo ocurrido”.
En paralelo, VOX defiende que su postura en la comisión ha sido “firme y clara” y sostiene que el objetivo era “esclarecer todos y cada uno de los hechos investigados”. “Hemos actuado de forma exhaustiva, tanto en la investigación de los hechos como en la necesaria depuración de responsabilidades”, afirma Acosta, que enmarca el trabajo en la exigencia de “transparencia, rigor y que se asuman las consecuencias cuando se actúa de manera irregular”.
Tanto VOX como el PP subrayan que las conclusiones no equivalen por sí mismas a una resolución judicial. En el caso del PP, el comunicado indica que la comisión “no emite juicios penales”, sino que “constata hechos administrativos objetivos” y que el material recabado podría servir para que “los órganos competentes” valoren la apertura de actuaciones, si lo consideran procedente. VOX, por su parte, insiste en que los “posibles indicios” deben ser analizados por las instancias correspondientes.
