- La causa investiga la posible revelación de un informe policial sobre denuncias de agresión sexual difundido posteriormente en redes sociales.
- La Audiencia Provincial avaló hace casi un año la apertura de diligencias al considerar que la transmisión del documento podría constituir delito.
El procedimiento judicial que investiga una posible revelación de documentación policial en Alcalá de Henares suma un nuevo paso con la citación de dos testigos vinculados al Partido Popular y al gobierno municipal. El Tribunal de Instancia de la ciudad, en su plaza número 2, ha señalado nuevas comparecencias en la causa en la que se investiga a la alcaldesa, Judith Piquet.
Según una diligencia a la que tuvo acceso Europa Press, el juzgado ha citado a declarar en calidad de testigo al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, el próximo 15 de abril a las 17:00. En la misma resolución se convoca también, para ese día, a la concejala de Seguridad Ciudadana, Oriana María de Miguel Muñoz.
La investigación se centra en la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, a raíz de la supuesta filtración de dos denuncias por agresiones sexuales que se vincularon a personas migrantes en enero de 2024. En ese contexto, Serrano publicó entonces en la red social X la fotografía de un informe policial que daba constancia de una denuncia y en el que se mencionaba a “un joven de raza negra”.
La citación llega después de que, hace casi un año, la Audiencia Provincial de Madrid rechazara un recurso presentado contra un auto dictado el 20 de agosto por el mismo juzgado, por el que se abrían diligencias por ese posible delito. En el procedimiento, el PSOE ejerce la acusación popular, según los datos recogidos en el propio relato de la causa.
El origen de la polémica se remonta a varias intervenciones públicas de Piquet en las que aseguró que existían dos denuncias por agresión sexual sin autor conocido, en las que —según esas manifestaciones— se refería al responsable como “un varón negro y joven”. Aquellas declaraciones se produjeron en un momento de tensión política y social en el municipio por la llegada de migrantes trasladados por el Ejecutivo central desde Canarias.
En esos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se desplazó a Alcalá de Henares para celebrar un Consejo de Gobierno y respaldar públicamente a la alcaldesa tras altercados registrados entre migrantes trasladados al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), ubicado en el acuartelamiento Primo de Rivera. En una rueda de prensa, Ayuso habló de “varias reyertas graves” y aludió a “agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio”, refiriéndose a denuncias.
A esas afirmaciones respondió el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien negó horas después la existencia de agresiones sexuales realizadas por migrantes y consideró de “extrema gravedad” mezclar migración con inseguridad. Tras ese cruce público, Serrano difundió en su cuenta de X un informe de incidencia de la Policía Local de Alcalá relativo a una de las dos denuncias, en el que se hablaba de un intento de agresión.
En una resolución recogida en el marco del procedimiento, los magistrados detallaron un marco temporal concreto: entre las 17:00 del 17 de enero de 2024 y las 9:58 del 18 de enero de 2024. En ese intervalo, según esa resolución, la alcaldesa habría remitido —por sí o a través del director de Comunicación del Ayuntamiento— la fotografía tomada del informe policial a Serrano, que posteriormente la publicó en X.
La Sala también describió la secuencia por la que la información habría llegado a la alcaldesa desde la Jefatura de la Policía Local mediante una nota interna de servicio, y señaló que la consumación del posible delito se situaría en el momento de la revelación de los datos a una persona ajena a la investigación policial. En esa misma línea, la posterior publicación en redes sociales sería, según esa interpretación, un paso posterior.
La comparecencia de Serrano y de la concejala de Seguridad Ciudadana se enmarca en el avance de unas diligencias que buscan aclarar el recorrido de la documentación y la intervención de los distintos actores mencionados en la causa. Tras las testificales previstas para el 15 de abril, el juzgado podrá valorar nuevas actuaciones para completar el esclarecimiento de los hechos investigados.
