- La moción presentada por el Partido Popular reclama el cierre del CAED, un informe oficial sobre su gestión y compensaciones económicas por su impacto en la ciudad.
- El debate incluyó acusaciones de alarmismo, falta de transparencia y críticas al papel del Gobierno central.
El futuro del Centro de Atención a Emergencias y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares centró buena parte del pleno municipal celebrado el martes 15 de julio, en una sesión marcada por las críticas, las propuestas y los reproches entre los grupos. La moción presentada por el Partido Popular, que pedía el cierre del centro, fue finalmente aprobada con los votos de su grupo y de Vox. PSOE y Más Madrid votaron en contra.
El debate se inició tras las intervenciones de dos vecinas en representación de colectivos ciudadanos. Nadia Cabanillas, portavoz de la mancomunidad del Parque del Ángel, agradeció el testimonio de la superviviente de una reciente agresión sexual y destacó la valentía de la persona que la socorrió. Aunque reconoció la gravedad del suceso, centró su intervención en la situación generada desde la apertura del CAED en 2023.
Cabanillas afirmó que pedir el cierre del CAED «no es racista» y criticó la falta de información sobre el uso de los fondos públicos y los programas de integración dentro del centro. Aseguró que «los residentes vagan por la ciudad sin nada que hacer» y propuso implantar un modelo de acogida voluntaria en domicilios, similar al aplicado con los refugiados ucranianos.
Por su parte, María Dolores Díaz, vocal del colectivo Ciudad 10, denunció situaciones de inseguridad en el entorno del centro, como conflictos internos, abandono de residuos y comportamientos inapropiados. Consideró que la ubicación del CAED «no es adecuada ni para los vecinos ni para las personas acogidas» y reclamó su traslado a otro municipio.
El portavoz del Partido Popular, Gustavo Severien, justificó la moción apelando al «interés general» y denunció la falta de transparencia y de coordinación institucional desde el Gobierno central. Recordó que el CAED llegó a Alcalá con carácter temporal y un cupo máximo de 100 personas, pero que «hemos llegado a albergar cerca de 1.700 personas en algunos momentos, muchas sin acompañamiento jurídico, sanitario ni social».
Severién criticó que «el Gobierno de España no haya dado explicaciones claras de los criterios para elegir Alcalá» ni haya asumido «ningún tipo de compensación para la ciudad». También señaló la presión creciente sobre los servicios municipales, y citó informes como el proyecto AIDA, que advertirían de posibles vulneraciones de normativas europeas. «Pedimos lo justo, lo que cualquier municipio reclamaría en nuestra situación», afirmó.
Desde Más Madrid, la portavoz Rosa Romero comenzó agradeciendo la intervención de las vecinas y condenó la agresión sexual ocurrida recientemente, pero también recordó otras cinco agresiones sexuales cometidas en Alcalá durante el primer trimestre del año, instando a «condenarlas todas, independientemente de la nacionalidad del agresor». Acusó al Partido Popular de «crear una alarma social» y de intentar «ganar la partida a Vox a ver quién es más racista».
Romero cuestionó también la veracidad de los supuestos sobrecostes municipales alegados por Vox y destacó que «estas personas no pueden acceder a la atención primaria ni a servicios sociales porque no están empadronadas». Romero denunció el silencio institucional frente al trabajo de colectivos como Alcalá Acoge, que según detalló, ha prestado apoyo a más de 1.500 migrantes sin respaldo del Ayuntamiento.
En la misma línea, el portavoz socialista, Javier Rodríguez Palacios, afirmó que «no estamos en este pleno debatiendo sobre el CAED por su existencia, sino por una agresión sexual que se ha instrumentalizado». Agradeció las intervenciones vecinales, pero acusó al PP de haber utilizado el caso «para avivar el conflicto y provocar manifestaciones fascistas con el brazo en alto».
Rodríguez Palacios denunció la presencia de «grupos organizados y violentos, no vecinos de Alcalá» en las protestas frente al centro, y recordó que «otras agresiones sexuales anteriores no recibieron la misma atención institucional». Rodríguez Palacios lamentó la falta de propuestas constructivas por parte del Gobierno local y apeló a la necesidad de «gestionar la crisis migratoria con respeto a los derechos humanos».
La moción aprobada incluye tres peticiones principales: el cierre del CAED, la elaboración de un informe oficial sobre su funcionamiento y una compensación económica para el Ayuntamiento de Alcalá por los gastos derivados de su presencia en la ciudad.
