- Los socialistas cuestionan la falta de documentación urbanística municipal sobre la Escuela de Arte Alberto Corazón
- El caso salpica al actual director general de Educación Concertada, que dirigía el Área Territorial Este cuando se ejecutaron las obras
La investigación judicial sobre la contratación de obras en centros de Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid ha vuelto a situar a Alcalá de Henares en el centro del debate político. Con ese contexto sobre la mesa, el PSOE de Alcalá ha exigido explicaciones “inmediatas” a la alcaldesa, Judith Piquet, por la vinculación de la Escuela de Arte Alberto Corazón con la causa y por el papel atribuido a Jorge Elías de la Peña.
El asunto, investigado en un juzgado de instrucción de Madrid, analiza si en la construcción y reforma de varios centros educativos entre 2021 y 2023 se eludieron los procedimientos de contratación pública mediante el fraccionamiento de facturas y el uso de contratos menores. Ese sistema permitiría adjudicar trabajos sin concurso, repartiendo los pagos en importes por debajo del umbral que obliga a licitar.
El origen del caso se remonta a una reclamación económica presentada por un empresario que había ejecutado obras en un complejo educativo de la capital y que, según se ha publicado, llegó a reclamar pagos pendientes mediante burofax en 2023. A partir de ahí, la Consejería de Educación abrió una revisión interna y elevó el asunto a la Fiscalía en marzo de 2024, lo que desembocó en diligencias judiciales que han ido ampliando el número de centros analizados.
En ese contexto, los autos más recientes han extendido el foco a otros centros de FP y han citado a directores como testigos. Entre los centros mencionados figura la Escuela de Arte Alberto Corazón de Alcalá de Henares, que aparece en la documentación judicial dentro del listado de instalaciones cuyo procedimiento de ejecución y financiación se examina ahora de forma específica.
Según la información publicada en ElDiario.es, las obras vinculadas a la Escuela de Arte tuvieron un presupuesto de 1,2 millones de euros y se habrían articulado sin licitación, con facturas fraccionadas y pagos canalizados a través de otros centros. En el mismo relato se apunta a la intervención del actual director general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid, Jorge Elías de la Peña, que en 2022 dirigía el Área Territorial Este.
En concreto, se señala que De la Peña era “responsable de los presupuestos y estado de los centros de su área y la Escuela de Arte en el año en que se inauguró”, y que habría visitado personalmente las obras, pedido cambios en aires acondicionados e intercambiado correos con el constructor. En una entrevista radiofónica de febrero de 2022, vinculada al proyecto, se le atribuye esta valoración: “Es una gran noticia para la ciudad de Alcalá y para la educación, en general, de la Comunidad de Madrid”.
Desde el PSOE de Alcalá sostienen que el asunto no puede desligarse del ámbito político municipal por el rol orgánico de De la Peña como secretario general del Partido Popular de la ciudad. Los socialistas aseguran que han solicitado al Ayuntamiento toda la información disponible “en el ámbito municipal urbanístico” sobre la Escuela de Arte Alberto Corazón.
El PSOE asegura que la respuesta de los servicios municipales apunta a que no consta documentación vinculada a la actuación “en los Servicios de Gestión de Licencias de Obras y Actividades ni en Disciplina Urbanística y de Actividades”. A partir de ese punto, el grupo municipal afirma que no puede determinarse “si las instalaciones cumplen todos los requisitos mínimos legales que debe tener”.
Los socialistas reclaman a la alcaldesa que dé explicaciones “públicas, claras y detalladas” a la ciudadanía. “No es posible que más de un año después sigamos sin saber si la Escuela de Arte Alberto Corazón cumple todos los requisitos legales; no es posible que no se sepa cómo se pagó y ejecutó esa obra y es muy grave que se conozca que Jorge de la Peña estaba al tanto y por lo visto parece que promoviendo esa obra y su partido no quiera aclarar nada. El PP de Alcalá y su presidenta no pueden esconderse más, deben dar explicaciones y hacerlo cuanto antes”.
Mientras tanto, la investigación judicial sigue abierta y el calendario prevé nuevas comparecencias en las próximas semanas. La causa trata de esclarecer quién ordenó las obras, cómo se tramitaron los pagos y qué responsabilidades correspondían a los distintos niveles de la Consejería y a los centros implicados, en un caso en el que también se ha informado de la personación de formaciones políticas y organizaciones sindicales.
