- La investigación policial señala a un trabajador externo como presunto responsable de introducir hachís durante un curso formativo en prisión.
- La Policía Nacional halló droga y teléfonos móviles en registros dentro del centro y mantiene abiertas las diligencias.
Una investigación policial ha destapado un presunto caso de tráfico de drogas en el interior del Centro Penitenciario Madrid II, en Alcalá de Henares, en el que estarían implicados un trabajador externo y varios internos, según ha publicado La Razón. El caso se centra en la introducción y distribución de hachís dentro de la prisión, aprovechando la actividad formativa que se desarrollaba en una de sus zonas comunes.
Las pesquisas se iniciaron después de que los responsables del centro penitenciario remitieran un oficio a la Policía Nacional alertando de la posible entrada de sustancias estupefacientes. En ese escrito ya se apuntaba a un posible responsable: un hombre que impartía un curso de jardinería dirigido a los internos y que tenía acceso habitual a las instalaciones.
De acuerdo con la información recogida durante la investigación, el trabajador suministraba presuntamente hachís a dos de los reclusos que asistían a sus clases. Estos internos actuaban como intermediarios en el reparto de la droga al resto de la población penitenciaria.
El Grupo de Información y Control del Centro Penitenciario Madrid II (GICO) elaboró un informe a partir de entrevistas realizadas a distintos internos. Según se detalla en ese documento, las declaraciones procedían de personas con escasa relación entre sí, lo que aportó consistencia a la información recopilada sobre la vía de entrada y el sistema de distribución de la sustancia.
Las mismas fuentes señalan que la droga accedía a la prisión en forma de tabletas por la zona del huerto donde se desarrollaba el curso de jardinería. Desde allí, el monitor presuntamente la hacía llegar a otros internos, que abonaban el importe mediante pagos electrónicos a través de Bizum.
Con estos indicios, la Policía Judicial abrió diligencias y solicitó ampliar la información sobre el trabajador investigado. Los agentes establecieron dispositivos de vigilancia para seguir sus movimientos, ya que no disponía de permiso de conducir y utilizaba distintos medios de transporte para desplazarse tras abandonar el centro penitenciario.
Durante la investigación, los agentes también intervinieron comunicaciones entre los implicados en las que se aludía a un pase inminente de droga, en un momento en el que el trabajador se encontraba próximo a finalizar su relación laboral con la prisión. Esta circunstancia aceleró el operativo policial.
El arresto se produjo sin que el investigado portara droga en ese momento, aunque los investigadores manejaban información que apuntaba a la existencia reciente de alijos en el interior del centro. Los testimonios recabados indicaban además que miembros de la banda Dominican Don’t Play participaban en la distribución de la sustancia dentro de la cárcel.
La Policía Nacional practicó registros tanto en el domicilio del trabajador como en distintas dependencias del centro penitenciario, especialmente en la zona del huerto y en el módulo 1. En las celdas se localizaron pequeñas cantidades de droga ocultas en piezas de dominó, así como teléfonos móviles. La investigación sigue abierta y las últimas actuaciones judiciales se dirigen a localizar a un familiar de uno de los internos implicados.
