- La comunidad asegura que firmó la financiación de unas obras vinculadas a ayudas europeas que nunca llegaron a ejecutarse.
- Los afectados aseguran que la obra nunca llegó a arrancar y que ahora afrontan una deuda de varios cientos de miles de euros.
Quince familias de una comunidad de propietarios de la calle José Sopeña han denunciado una presunta estafa después de que la rehabilitación de su edificio no llegara a iniciarse pese a haberse formalizado la financiación del proyecto. Según han publicado 20minutos y Telemadrid, los vecinos sostienen que la empresa encargada de ejecutar las obras dejó de dar respuesta tras la firma de la operación.
La intervención, siempre según esas informaciones, estaba ligada a las ayudas europeas NextGenerationEU para la rehabilitación de edificios y viviendas. Este programa contempla subvenciones para actuaciones de mejora en inmuebles residenciales, una línea de financiación a la que en los últimos años se han acogido numerosas comunidades de propietarios para acometer reformas de mayor envergadura.
En este caso, la comunidad denuncia que la operación se cerró con un crédito de varios cientos de miles de euros para completar el coste de la obra. El Mundo sitúa las ayudas previstas en 166.000 euros y el préstamo en una cantidad cercana a los 400.000, que con comisiones e intereses superaría los 530.000 euros. Tras la firma, sin embargo, los trabajos no comenzaron.
Los vecinos sostienen que la empresa dejó de responder y que la rehabilitación nunca pasó de la fase previa. Según las informaciones publicadas, no llegaron a ejecutarse los trabajos previstos en el edificio. Telemadrid añade que la comunidad denuncia que el dinero fue transferido sin que los propietarios fueran plenamente conscientes de cómo se articulaba esa disposición.
El conflicto no se limita a la paralización de la obra. Los afectados aseguran que han empezado a asumir pagos vinculados a un préstamo que consideran desproporcionado para una actuación que no se ha materializado. Esa carga económica afecta al conjunto de la comunidad y, según los testimonios recogidos en televisión, resulta difícilmente asumible para varias de las familias implicadas.
Los vecinos han denunciado tanto a la empresa constructora como a la entidad bancaria. A partir de ahora, será el recorrido judicial el que deba aclarar cómo se formalizó la financiación, qué información recibió la comunidad antes de la firma y qué responsabilidades pueden derivarse de una obra que, según denuncian los propietarios, nunca llegó a empezar.
