- El Juzgado n.º 21 de Madrid tramita la denuncia del PSOE sobre la adjudicación de una plaza fija a la alcaldesa.
- El partido socialista considera que se ha producido una incompatibilidad legal al simultanear su cargo con un puesto laboral.
El Partido Socialista de Alcalá de Henares ha informado de que el Juzgado de Primera Instancia n.º 21 de Madrid ha admitido a trámite una demanda interpuesta contra Judith Piquet, actual alcaldesa del municipio, en relación con su contratación como trabajadora municipal en la categoría de Agente de Desarrollo Local.
Según detalla el PSOE en un comunicado, los hechos se remontan al 27 de diciembre de 2024, fecha en la que Piquet firmó un contrato laboral fijo con el Ayuntamiento mientras ostentaba el cargo de alcaldesa. Para formalizar este proceso, se convocó una Comisión Extraordinaria y Urgente de Hacienda y Gestión Institucional, así como un Pleno Municipal, lo que los socialistas consideran una maniobra para «dar apariencia de legalidad a una situación irregular».
Desde el grupo municipal socialista señalan que se presentó inicialmente un recurso de reposición ante el Ayuntamiento, que no fue respondido, lo que motivó la interposición de una demanda judicial. En dicho recurso, los socialistas afirman que se solicitó una excedencia forzosa por cargo público con reserva de puesto, a pesar de no haberse incorporado previamente como personal laboral fijo en activo. Esta situación, aseguran, podría haber perjudicado a otras personas que participaron en el proceso de estabilización y consolidación de empleo temporal convocado por el propio Ayuntamiento.
Asimismo, el PSOE denuncia una supuesta simultaneidad de funciones, ya que la alcaldesa habría desempeñado de forma paralela su labor al frente del Consistorio y la condición de trabajadora municipal. El grupo alega que esta situación podría contravenir lo establecido en el artículo 178.2 b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y en el artículo 5.b de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
En su comunicación, el PSOE subraya que, al tratarse de una situación previsible con al menos diez meses de antelación, y siendo Piquet licenciada en Derecho, debería haber procedido a comunicar formalmente sus intenciones con anterioridad al 27 de diciembre. De haberse hecho, a juicio del partido, se habría evitado «un acto nulo» y una «situación irregular».
El caso se encuentra ahora en fase judicial tras la admisión a trámite de la demanda. Por el momento, no ha trascendido ningún pronunciamiento oficial por parte de la alcaldesa o del equipo de Gobierno local.
